
El PP jugó al "victimismo" con el agua, lo convirtió en su "nacionalismo". "Valcárcel estaba blindado, nunca había sufrido desgaste. Hasta ahora". Patricio Hernández, presidente del Foro Ciudadano, el colectivo crítico más activo en la región, describe entusiasta el "punto de inflexión". Nunca hasta ahora se había reproducido una contestación tan rotunda en la calle contra el Ejecutivo regional. Valcárcel había firmado acuerdos con los sindicatos en sus 16 años en el poder. Uno tras otro. Tenía paz social. "La marca de la casa era la concertación. Por eso nos cogió a contrapié. Sentimos la traición. No nos consultó, no nos avisó. La gente está jodida no sólo por el dinero, sino por el trato del Gobierno", relatan desde CCOO Daniel Bueno, su secretario regional, y Antonio Rubio, el portavoz. La cólera creció el martes, cuando Castilla-La Mancha, la otra comunidad con alto déficit (4,69%), anunció un tajo de 775 millones de euros a las cuentas públicas (sin tocar a los funcionarios) y una previsión de 200 millones por subida de impuestos.
Hernández, como el economista de la Universidad de Murcia (UM) Manuel Tovar o el sociólogo Andrés Pedreño, censura la actitud "acrítica" de los sindicatos. También lo hacen, sotto voce, PSOE e IU. Antonio Jiménez, secretario general de UGT, encaja la acusación: "Nos han tildado de correa de transmisión, pero hemos firmado mejoras para los trabajadores, al margen del color del Gobierno". El resto de representantes sindicales refrenda sus palabras. Bueno y Rubio: "Los acuerdos pueden desdibujar nuestro perfil, es verdad. Pero es en ocasiones como esta cuando la gente abre los ojos. Si nos laminan, nos quitan herramientas de negociación, para defender los intereses de los trabajadores. Hoy los empleados públicos valoran nuestra labor más que ayer".
¿Por qué saltaron ahora los funcionarios, y no cuando José Luis Rodríguez Zapatero les redujo su sueldo en junio una media del 5%? "Llueve sobre mojado", explica José Ramón Escudero, responsable de Servicio Público de CSIF. Y con él los demás sindicatos. Como María José Salazar, de UGT. "Es como la revuelta de Túnez: se ha sobrepasado un umbral de saturación. Una sociedad conformista, de repente, estalla", ejemplifica Antonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía de la UM, fundador de Foro Ciudadano (allá por febrero de 2001) y su primer presidente.
El ajuste afecta a 55.000 trabajadores. Pero el efecto bola de nieve, que ha visto cómo a cada protesta le seguía una nueva con un seguimiento aún mayor, una "sorpresa" para todos, puede engordar. "Las movilizaciones han logrado que caiga el velo sobre Valcárcel –razona Hernández–. Él siempre había podido echar las culpas de todo a Zapatero. Ahora se ve que la gente se rebela contra sus recortes, que educación o sanidad son suyas".
Algo que no estaba tan claro, a la luz del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su último barómetro autonómico (enero-marzo de 2010) revelaba que el 56,7% de los murcianos atribuía erróneamente la gestión de la sanidad al Gobierno central, responsable también de la educación para otro 60,9%. Sólo un tercio acertaba endosando tales áreas al Ejecutivo regional (en concreto, 33,8% y 29,1%, respectivamente). En el conjunto de España, un mayoritario 48,4% descargaba en las CCAA las riendas de la sanidad, y otro 43,3%, las de la educación (atribuían a Zapatero la primera un 41,4% y la segunda, un 43,8%).
"Los funcionarios están al frente de servicios que llegan a mucha gente: es tu profesor, es tu médico", señala Hernández para ilustrar cómo las protestas pueden convertirse en una "espiral incontrolable" contra el Gabinete autonómico. Es lo que José Antonio Pujante, coordinador regional de Izquierda Unida-Los Verdes, denomina "gran influencia social" de los empleados públicos. Pedreño, sociólogo de la UM, cree que la marea anti-Valcárcel, tendrá éxito "si se consigue desterrar la imagen del funcionario como chupóptero, haciendo ver lo que son: piezas centrales en los flujos de vida, en sanidad, en educación". "Si se prolonga, generará un desgaste al PP, y lo sabe. Por eso, tras la agresión a Cruz, ha lanzado este montaje para culpar a la izquierda y desmovilizar a la gente", añade. Se espera el efecto contrario en la manifestación de este martes, 25 de enero, en la que los sindicatos han pedido a los participantes que marchen de luto (por el "entierro" de los servicios públicos) y porten velas. La referencia a los chupópteros no es baladí. "El presidente quiere oponer a sindicatos y funcionarios con trabajadores como él. El resto somos odioso. Ese es su esquema y el que él quiere difundir estos días", comenta Bueno, de CCOO.
Hernández, como el economista de la Universidad de Murcia (UM) Manuel Tovar o el sociólogo Andrés Pedreño, censura la actitud "acrítica" de los sindicatos. También lo hacen, sotto voce, PSOE e IU. Antonio Jiménez, secretario general de UGT, encaja la acusación: "Nos han tildado de correa de transmisión, pero hemos firmado mejoras para los trabajadores, al margen del color del Gobierno". El resto de representantes sindicales refrenda sus palabras. Bueno y Rubio: "Los acuerdos pueden desdibujar nuestro perfil, es verdad. Pero es en ocasiones como esta cuando la gente abre los ojos. Si nos laminan, nos quitan herramientas de negociación, para defender los intereses de los trabajadores. Hoy los empleados públicos valoran nuestra labor más que ayer".
¿Por qué saltaron ahora los funcionarios, y no cuando José Luis Rodríguez Zapatero les redujo su sueldo en junio una media del 5%? "Llueve sobre mojado", explica José Ramón Escudero, responsable de Servicio Público de CSIF. Y con él los demás sindicatos. Como María José Salazar, de UGT. "Es como la revuelta de Túnez: se ha sobrepasado un umbral de saturación. Una sociedad conformista, de repente, estalla", ejemplifica Antonio Campillo, decano de la Facultad de Filosofía de la UM, fundador de Foro Ciudadano (allá por febrero de 2001) y su primer presidente.
El ajuste afecta a 55.000 trabajadores. Pero el efecto bola de nieve, que ha visto cómo a cada protesta le seguía una nueva con un seguimiento aún mayor, una "sorpresa" para todos, puede engordar. "Las movilizaciones han logrado que caiga el velo sobre Valcárcel –razona Hernández–. Él siempre había podido echar las culpas de todo a Zapatero. Ahora se ve que la gente se rebela contra sus recortes, que educación o sanidad son suyas".
Algo que no estaba tan claro, a la luz del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Su último barómetro autonómico (enero-marzo de 2010) revelaba que el 56,7% de los murcianos atribuía erróneamente la gestión de la sanidad al Gobierno central, responsable también de la educación para otro 60,9%. Sólo un tercio acertaba endosando tales áreas al Ejecutivo regional (en concreto, 33,8% y 29,1%, respectivamente). En el conjunto de España, un mayoritario 48,4% descargaba en las CCAA las riendas de la sanidad, y otro 43,3%, las de la educación (atribuían a Zapatero la primera un 41,4% y la segunda, un 43,8%).
"Los funcionarios están al frente de servicios que llegan a mucha gente: es tu profesor, es tu médico", señala Hernández para ilustrar cómo las protestas pueden convertirse en una "espiral incontrolable" contra el Gabinete autonómico. Es lo que José Antonio Pujante, coordinador regional de Izquierda Unida-Los Verdes, denomina "gran influencia social" de los empleados públicos. Pedreño, sociólogo de la UM, cree que la marea anti-Valcárcel, tendrá éxito "si se consigue desterrar la imagen del funcionario como chupóptero, haciendo ver lo que son: piezas centrales en los flujos de vida, en sanidad, en educación". "Si se prolonga, generará un desgaste al PP, y lo sabe. Por eso, tras la agresión a Cruz, ha lanzado este montaje para culpar a la izquierda y desmovilizar a la gente", añade. Se espera el efecto contrario en la manifestación de este martes, 25 de enero, en la que los sindicatos han pedido a los participantes que marchen de luto (por el "entierro" de los servicios públicos) y porten velas. La referencia a los chupópteros no es baladí. "El presidente quiere oponer a sindicatos y funcionarios con trabajadores como él. El resto somos odioso. Ese es su esquema y el que él quiere difundir estos días", comenta Bueno, de CCOO.
El PP dice no sentir inquietud: "Los ciudadanos entienden estas medidas coyunturales –replica José Gabriel Ruiz, vicesecretario de Sectorial del partido y secretario general de la Consejería de Presidencia–. El Gobierno ha emprendido medidas de austeridad, y es la cuarta comunidad menos endeudada. Los recortes más antisociales son de Zapatero: congelación de pensiones, supresión de los 426 euros a los parados de larga duración, subida de la luz, del IVA... Este recorte no tendrá coste electoral. Se lo llevará el PSOE". Por cierto, que Murcia acumulaba una deuda, con el tercer trimestre cerrado de 2010, de 2.016,135 millones de euros, un 51% más con respecto al año anterior, muy por encima del aumento experimentado por el conjunto de las CCAA (27,36%).
Las centrales sí ven "nerviosismo". Y ponen como prueba la "ruptura de unidad sindical" que "persigue" el Gobierno, al intentar atraerse a los sindicatos más próximos, como CSIF (administración) y ANPE (educación). "No lo lograrán; siempre hemos sido los más reivindicativos", recalca Escudero. "Les molesta que ni los suyos se han desmarcado", indica Toni Carrasco, portavoz de STERM Intersindical (enseñanza).
Si el Gabinete conservador no da marcha atrás, los sindicatos actuarán. El ugetista Jiménez advierte de que están intentando convencer al Gobierno central para que presione a Murcia y, si no, presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 5/2010.
El PP duerme tranquilo. Desde que Valcárcel llegó al poder, en 1995, ha encadenado mayorías absolutas, cada vez con más respaldo. En 2007 alcanzó el 59,1%, la cifra más alta de todos los presidentes autonómicos. Dejó al PSOE con un 32,4%. En las europeas de 2009, su partido se marcó un 61,5%. En 30 de los 45 municipios (el 67%) gobiernan alcaldes del PP. Entre ellos, los más poblados: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. En sólo 13 lo hacen regidores socialistas. En Ojós está al frente del Consistorio un independiente. Y Totana lo dirige José Martínez Andreo, hoy de baja en el PP, imputado por la operación Tótem. La misma trama apartó del Grupo Popular de la Asamblea autonómica a Juan Morales, que pasó al Grupo Mixto. Por otro caso de corrupción emigró al Mixto el ex socialista Bartolomé Soler, concejal en el Ayuntamiento de Lorca de 1995 a 2007.
"No hemos sabido explicar las cosas y nos hemos equivocado, pero esto es casi una monarquía absoluta del PP", sostiene Begoña García Retegui, la candidata del PSOE por la Región de Murcia para los próximos comicios autonómicos del 22 de mayo. Entre esos errores, IU y los colectivos críticos citan las convulsiones internas, como la de 1993, que acabó con la defenestración del presidente regional, Carlos Collado, por unas supuestas irregularidades por las que el Tribunal de Cuentas le absolvió en 1997. Jiménez cree que el problema de los socialistas está en no emitir "mensajes diferenciados" respecto al PP. Más ahora con la crisis. "Cuando hay partidos de izquierdas que hacen medidas de derechas y partidos de derechas que se dicen defensores de los trabajadores, algo pasa", señala con resignación. Pero también está el agua.
"Valcárcel siempre había podido echar la culpa de todo a Zapatero. Ahora el velo ha caído", alega Foro Ciudano. Foro Ciudadano habla del "nacionalismo hídrico" (o "hidráulico"), del "victimismo", de esa "identidad de murcianía forjada a partir de la falta de agua", como apuntala Pujante, líder de IU. "El agua ha actuado como un eslogan movilizador. Esta región, ya desde el franquismo, miraba a Madrid como Estado regante –cuenta Pedreño–. El PP democratizó ese mensaje y creó el agua para todos, como una exigencia al Estado de agua e infraestructuras". Todos los expertos consultados apuntan el tanto a Valcárcel. Sin dudar. El PSOE reconoce que ese debate no le "conviene", pero recuerda que desde 2004 "no ha habido cortes de agua", prueba de que la derogación del trasvase del Ebro y las desalinizadoras "han funcionado".
Ha influido otro factor: el talante de Valcárcel. Incluso un dirigente tan alejado políticamente a él, Pujante, reconoce ese travestismo: "Representa a una derecha que ha ocultado los aspectos ideológicos más duros, ha jugado a ser más transversal". Bueno respalda esa percepción: "No es el neoliberalismo de Esperanza Aguirre. Hasta ahora, se ha demostrado más dialogante, era la cara más amable de la derecha". Retegui, sin embargo, recuerda que el presidente rechazó cumplir la Ley del Aborto –aunque luego reculó– y que ha apoyado "todas las manifestaciones" de su partido contra Zapatero. Rubio, de CCOO, sostiene que el viraje de Valcárcel le hace pensar en que el PP quiere usar Murcia, su granero más consolidado, como su "comunidad laboratorio neoliberal": "Tiran hacia delante con medidas durísimas para ver qué pasa, qué reacción produce".
La hegemonía del PP se ha construido gracias también a un panorama mediático favorable. Los dos periódicos en papel más influyentes, La Verdad (Vocento), el rotativo de más tirada, y La Opinión (Prensa Ibérica), son de talante conservador, mientras que la televisión autonómica, 7RM es apodada teleValcárcel por la oposición por su alineamiento con el Ejecutivo.
Las centrales sí ven "nerviosismo". Y ponen como prueba la "ruptura de unidad sindical" que "persigue" el Gobierno, al intentar atraerse a los sindicatos más próximos, como CSIF (administración) y ANPE (educación). "No lo lograrán; siempre hemos sido los más reivindicativos", recalca Escudero. "Les molesta que ni los suyos se han desmarcado", indica Toni Carrasco, portavoz de STERM Intersindical (enseñanza).
Si el Gabinete conservador no da marcha atrás, los sindicatos actuarán. El ugetista Jiménez advierte de que están intentando convencer al Gobierno central para que presione a Murcia y, si no, presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 5/2010.
El PP duerme tranquilo. Desde que Valcárcel llegó al poder, en 1995, ha encadenado mayorías absolutas, cada vez con más respaldo. En 2007 alcanzó el 59,1%, la cifra más alta de todos los presidentes autonómicos. Dejó al PSOE con un 32,4%. En las europeas de 2009, su partido se marcó un 61,5%. En 30 de los 45 municipios (el 67%) gobiernan alcaldes del PP. Entre ellos, los más poblados: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. En sólo 13 lo hacen regidores socialistas. En Ojós está al frente del Consistorio un independiente. Y Totana lo dirige José Martínez Andreo, hoy de baja en el PP, imputado por la operación Tótem. La misma trama apartó del Grupo Popular de la Asamblea autonómica a Juan Morales, que pasó al Grupo Mixto. Por otro caso de corrupción emigró al Mixto el ex socialista Bartolomé Soler, concejal en el Ayuntamiento de Lorca de 1995 a 2007.
"No hemos sabido explicar las cosas y nos hemos equivocado, pero esto es casi una monarquía absoluta del PP", sostiene Begoña García Retegui, la candidata del PSOE por la Región de Murcia para los próximos comicios autonómicos del 22 de mayo. Entre esos errores, IU y los colectivos críticos citan las convulsiones internas, como la de 1993, que acabó con la defenestración del presidente regional, Carlos Collado, por unas supuestas irregularidades por las que el Tribunal de Cuentas le absolvió en 1997. Jiménez cree que el problema de los socialistas está en no emitir "mensajes diferenciados" respecto al PP. Más ahora con la crisis. "Cuando hay partidos de izquierdas que hacen medidas de derechas y partidos de derechas que se dicen defensores de los trabajadores, algo pasa", señala con resignación. Pero también está el agua.
"Valcárcel siempre había podido echar la culpa de todo a Zapatero. Ahora el velo ha caído", alega Foro Ciudano. Foro Ciudadano habla del "nacionalismo hídrico" (o "hidráulico"), del "victimismo", de esa "identidad de murcianía forjada a partir de la falta de agua", como apuntala Pujante, líder de IU. "El agua ha actuado como un eslogan movilizador. Esta región, ya desde el franquismo, miraba a Madrid como Estado regante –cuenta Pedreño–. El PP democratizó ese mensaje y creó el agua para todos, como una exigencia al Estado de agua e infraestructuras". Todos los expertos consultados apuntan el tanto a Valcárcel. Sin dudar. El PSOE reconoce que ese debate no le "conviene", pero recuerda que desde 2004 "no ha habido cortes de agua", prueba de que la derogación del trasvase del Ebro y las desalinizadoras "han funcionado".
Ha influido otro factor: el talante de Valcárcel. Incluso un dirigente tan alejado políticamente a él, Pujante, reconoce ese travestismo: "Representa a una derecha que ha ocultado los aspectos ideológicos más duros, ha jugado a ser más transversal". Bueno respalda esa percepción: "No es el neoliberalismo de Esperanza Aguirre. Hasta ahora, se ha demostrado más dialogante, era la cara más amable de la derecha". Retegui, sin embargo, recuerda que el presidente rechazó cumplir la Ley del Aborto –aunque luego reculó– y que ha apoyado "todas las manifestaciones" de su partido contra Zapatero. Rubio, de CCOO, sostiene que el viraje de Valcárcel le hace pensar en que el PP quiere usar Murcia, su granero más consolidado, como su "comunidad laboratorio neoliberal": "Tiran hacia delante con medidas durísimas para ver qué pasa, qué reacción produce".
La hegemonía del PP se ha construido gracias también a un panorama mediático favorable. Los dos periódicos en papel más influyentes, La Verdad (Vocento), el rotativo de más tirada, y La Opinión (Prensa Ibérica), son de talante conservador, mientras que la televisión autonómica, 7RM es apodada teleValcárcel por la oposición por su alineamiento con el Ejecutivo.
1 comentario:
Solo añadiría que también ha contribuido a esta situación una casi inexistente oposición tanto por el PSOE como por IU, que se han acomodado a un estatus y tampoco han sabido o han querido mantener una oposición más aguerrida, más combativa. Desde mi punto de vista son tan culpables como el mismo PP, por omisión y aceptación.
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