VÁLCARCEL YA NO SE LIMITA A MANTENER EN SU PUESTO A LOS INCULPADOS: EL ALCALDE DE FORTUNA, CONDENADO POR COMPRA DE VOTOS, SIGUE EN EL PUESTO

Artículo de Manuel Buitrago, en "La Verdad", 15 de julio de 2011

La prolija sentencia de la Audiencia Provincial contra el alcalde de Fortuna, condenado por la compra de votos, resulta casi de lectura obligada para calibrar la naturaleza de los delitos probados, que muestran la cara más caciquil de la política. Algo propio de los albores del siglo pasado que se creía desterrado. Los hechos probados por los tres magistrados se resumen en que «ante la proximidad de las Elecciones Locales del 25 de mayo de 2003 Matías Carrillo Moreno y la coacusada María Dolores Sánchez García, junto a algunos militantes del Partido Popular, pusieron en práctica un plan con el fin de obtener votos para la candidatura del Partido Popular. Consistía en ofrecer, por sí mismos o por terceros interpuestos, a personas interesadas la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo...»

Así lo refleja la sección tercera de la Audiencia que ha condenado a 12 años de inhabilitación al alcalde. Deja constancia además de que Matías Carrillo «reconoció claramente que los contratos de trabajo temporal los había suscrito él en persona. La relevancia del acto de la firma de dichos contratos -el premio o dádiva entregado al votante que había cedido su voto - es incuestionable».
Frente a esta sentencia, el político condenado ha decidido seguir en su cargo de alcalde en tanto que se resuelva su anunciado recurso ante el Tribunal Supremo, lo cual se traducirá en años de espera -quizás una legislatura- para que la sentencia sea firme. Sin recatarse, Carrillo ha antepuesto el interés en su autoproclamada inocencia frente a una sentencia judicial que le inhabilita para el cargo, como si la condena de la Audiencia no tuviera ningún valor (y no digamos ya a efectos políticos, éticos o estéticos). Confía en que el Supremo le absuelva o gradúe la pena. Tampoco ha tenido empacho en decir que se trata de una sentencia «política» -dentro del manual al uso del algunos próceres-, a la vez que ha desafiado al tribunal señalando que la Audiencia no le ha nombrado como alcalde, sino los ciudadanos. Qué gran lección de obediencia a la Justicia por parte de que quien debe ser el primer cumplidor.

Carrillo debería apartarse hasta que el proceso concluya, pero lejos de eso se ha envalentonado con el apoyo de la cúpula regional del PP. Hay que preguntarse qué hito judicial es suficiente para este partido a la hora de tomar medidas contra sus militantes encausados. Primero puso el listón en la imputación, luego lo elevó a la acusación y procesamiento, y ahora ni siquiera le basta con la condena judicial. «El proceso sigue abierto» dice el presidente Valcárcel. El PP subraya que respeta la decisión judicial, pero se cree más a su alcalde que a los jueces. Ello, en aras a una interpretación discutible del principio de presunción de inocencia que conduciría a una larga espiral de recursos que se invalidarían unos a otros hasta topar, si se tercia, con el Tribunal de Derechos Humanos, suponiendo que eso bastara. Además, el PP aplica distintas varas de medir, ya que no le tembló el pulso cuando expulsó a los exalcaldes de Totana y Librilla, o a Juan Morales, que aún no han sido juzgados.

Los modos de la política están cambiando a un ritmo vertiginoso y esta actitud del PP no se compadece con sus proclamas de regeneración e higiene de la vida pública, sobre todo cuando pide la máxima dureza para ministros y exministros socialistas que en puridad ni siquiera están imputados. Pero no hay que disparar tan alto. Quizás desde la atalaya del 60% de sus votos el PP regional no acierta a ver lo que hay en el suelo.